Colectivas y activistas feministas exigieron que agresores, abusadores sexuales y deudores de pensión alimenticia no puedan contender para ningún cargo de elección popular
Activistas y colectivas feministas de Querétaro exigieron el cumplimiento de los lineamientos “3 de 3 contra la violencia”, con el fin de que en las elecciones de este 2021 no se acepte como candidatos para ningún cargo público a agresores, abusadores sexuales ni deudores de pensión alimenticia; y se manifestaron en contra de la candidatura a la gubernatura de Félix Salgado Macedonio a quien dijeron “pretenden” imponer en el estado de Guerrero.
“Nos encontramos en un proceso local de coyuntura político-electoral, a este respecto, las feministas de Querétaro nos pronunciamos para exigir elecciones auténticas, separadas de los intereses neoliberales de una cúpula poderosa y privilegiada que pretende mantener los cargos públicos sin propósito de verdadera transformación social ni reconocimiento de nuestros derechos”, manifestaron.
Las activistas de Luciérnagas Violetas e integrantes de 12 colectivas más reconocieron que este año es la primera vez que el 50 por ciento de los cargos públicos serán para su género, por lo que también buscan que sus agendas feministas encuentren eco en el congreso Local y que la iniciativa por un aborto legal, seguro y gratuito “se cristalice” en el estado de Querétaro.
Asimismo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, destacaron que Querétaro encabeza la lista a nivel nacional en lesiones dolosas en contra de las mujeres, además de un “vergonzoso” cuarto lugar en el delito de violación. En la entidad, al menos un 70% de las mujeres enfrentaron algún tipo de violencia. En este sentido, el Instituto Querétaro de la Mujer reporta la duplicación de casos de violencia durante el periodo de confinamiento; de los cuales el 78% de las agresiones se suscitaron dentro del hogar y fueron principalmente violencia física y sexual.
“Los datos duros no pueden reflejar en su totalidad la crudeza de la problemática en este país, la impunidad y desconfianza en las instituciones, impide que las mujeres interpongan una denuncia y cuando lo hacen enfrentan la violencia institucional que les niega cualquier posibilidad de acceder a la justicia”.
