Piden un proceso electoral libre de violencia política de género

Organizaciones feministas demandaron que candidatos con antecedentes de violencia de género o sean deudores de pensión alimenticia no puedan contender por cargos de elección popular

Ante la situación de emergencia nacional que viven las mujeres en México, feministas de diversas redes nacionales y de Querétaro llamaron a las autoridades políticas y electorales a realizar un proceso electoral libre de violencia política en razón de género, con candidatos que no tengan antecedentes de violencia de género o sean deudores de pensión alimenticia.

El posicionamiento fue dirigido al presidente de México, los gobernadores, los presidentes municipales, al Poder Judicial, a los legisladores federales y locales, partidos políticos, así como a mujeres y hombres que habitan el territorio nacional.

Los activistas de organizaciones como las 8chas Querétaro, Colectiva Juntas, Feminismo para Todas, CAFD Red Mujeres Derecho y Feminismos en Querétaro, se pronunciaron por la erradicación de las violencias sexual y de género en todos los niveles del sistema educativo del país, con políticas públicas claras de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y sanción a agresores de las alumnas, docentes y trabajadoras.

“No a las leyes que pretenden justificar la dominación y explotación de los cuerpos. Repudiamos la idea de considerar la prostitución como un trabajo. No a su regularización”, se lee en el comunicado.

Los también defensores de los derechos humanos se pronunciaron por la despenalización del aborto en todas las entidades del país para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida, la observancia estricta del estado laico para la construcción de una ciudadanía con libertades para decidir sobre sí y su entorno.

En el documento se pronuncian por la instrumentación de una macroeconomía soberana de pleno empleo, que erradique las metáforas y falacias neoliberales de no gasto, que despoja a los gobiernos de su papel rector en materia económica y la adopción de un nuevo pacto verde con perspectiva de género y políticas integrales anticrisis con perspectiva de género, de derechos humanos y enfoque intercultural para enfrentar la pandemia, que considere y reduzca la intensificación del trabajo de cuidado de las mujeres, otorgue un ingreso mínimo vital digno y recursos digitales necesarios.

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