La diputada local de Morena, Fabiola Larrondo, propuso reformas para beneficiar a personas con discapacidad. Foto: Especial
Con la intención de generar acciones para que las personas con discapacidad no sean aisladas de los demás grupos y participen en esferas sociales, políticas y económicas, la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fabiola Larrondo Montes, presentó una iniciativa para reformar la “Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro”.
“Son muchos los obstáculos a los que se deben enfrentar las personas con discapacidad para lograr su inserción en el ámbito laboral; consideramos que los empleadores en particular desconocen sobre las potencialidades y los derechos de estos ciudadanos y sobre el proceso a seguir para su inclusión al mundo laboral, el cual está definido en instrumentos internacionales y nacionales”.
Recordó que el artículo nueve de la “Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación” establece que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objetivo impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
“Es obligación del Estado velar porque exista una legislación que permita la incorporación laboral de las personas con discapacidad y fortalecer su contratación en todos los órdenes de Gobierno para contribuir a lograr una sociedad más incluyente y justa reflejando un panorama de igualdad”.
Por ello, dijo, se propone reformar el artículo sexto de esta ley ya que en la fracción nueve se lee “sean incluidos cuando sea necesario” y la propuesta es para que diga “… a ser incluidos en los planes, proyectos y programas de los gobiernos estatales y municipales”; en su artículo 22 se habla de “rehabilitación laboral” y ahora se incorporaría “rehabilitación e inclusión laboral” y se propone incluir un párrafo cuarto en los siguientes términos: “se debe de formular y ejecutar acciones específicas de la incorporación de personas con discapacidad como servidores públicos del Estado y de los municipios los cuales deberán garantizar al menos el 5 por ciento de la plantilla laboral de la administración pública”.
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