En el marco de la vigésimo segunda sesión de la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho (Cectepd), se celebró la firma de 20 contratos para la defensa subrogada asignados a abogados litigantes del ejercicio profesional privado, a fin de continuar garantizando el ejercicio de la defensa penal pública técnica, adecuada y de calidad a favor de la ciudadanía.
En un ejercicio sin precedentes a nivel nacional, Querétaro se posiciona por cuarto año consecutivo como la única entidad federativa que se distingue porque la defensa penal se subroga a abogados litigantes privados, plenamente certificados bajo los criterios y lineamientos del Modelo Cosmos para la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Se cuenta con 74 abogados litigantes certificados, una generación de juristas queretanos que a la fecha han concluido 40 contratos subrogados de manera satisfactoria y, sumados a los 20 que se firmaron para el ejercicio del presente año, al finalizar 2021 se tendrá un total de 60 contratos concedidos, autorizados y ejecutados por la Cectepd.
Los contratos subrogados tienen como objetivo la defensa y representación jurídica de los derechos de una persona imputada por la Fiscalía General del Estado en un proceso penal, casos que son asignados a la Defensoría Penal Pública y que, a su vez, se otorgaron a esta generación de 20 abogados litigantes privados para que cumplan con el mismo en un periodo de cinco meses y medio.
La celebración de la firma de contratos se llevó a cabo en un evento semipresencial, como un acto de transparencia en el que estuvieron presentes los integrantes de la Cectepd, conformado por la sociedad civil, académicos representados por los directores de las facultades de derecho de la UAQ, UVM y Anáhuac, así como los presidentes de colegios de abogados más representativos de la entidad.
En los años 2018 y 2019 se asignaron 10 contratos subrogados, respectivamente, mientras que en el año 2020 se consumó este ejercicio con la firma de 20 contratos nuevos, mismos que se cumplieron mediante la resolución judicial que puso fin al proceso, con una defensa adecuada de los derechos humanos de la persona acusada.
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