La Unidad Especializada en la investigación y persecución de la tortura de la Fiscalía General del Estado de Querétaro tendrá como finalidad combatir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Con el propósito de investigar y perseguir los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Fiscalía General del Estado de Querétaro expidió el acuerdo por el que se crea una Unidad Especializada en la investigación y persecución de dichos ilícitos en la entidad.
El acuerdo fue publicado en el periódico oficial de gobierno del estado, “La Sombra de Arteaga”, donde se detalla que la instancia creada estará adscrita a la Dirección de Acusación, además de que contará con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los delitos de tortura de su competencia, conforme a la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante”, así como a los más altos estándares internacionales en la materia.
“Las y los integrantes de la Unidad Especializada ejercerán sus atribuciones con inmediatez, imparcialidad, objetividad, exhaustividad, oficiosidad, respeto a los derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo, velando en todo momento por el derecho de toda persona a que se respete su dignidad e integridad personal”, se lee en el texto.
El documento refiere que la Unidad Especializada se integrará con un jefe de esta, fiscales especializados, auxiliares de estos, policías de investigación adscritos a la Unidad, peritos profesionistas en materia de medicina y psicología, personal de apoyo administrativo, además de que contará con el auxilio de peritos profesionistas y técnicos de las diferentes especialidades adscritos a la Dirección de Servicios Periciales.
“La coordinación y supervisión de las investigaciones de los Delitos de Tortura, estará a cargo de la o el Jefe de Unidad, de quien dependerá operativamente el personal adscrito a la Unidad Especializada con independencia de la Dirección a la que pertenezca”, puntualiza el acuerdo, que señala que la o el jefe de esta supervisará la aplicación de protocolos y normatividad aplicable en los delitos de tortura.
