La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción mantiene las acusaciones por delitos de corrupción contra el expresidente municipal de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia
José Alejandro Ochoa Valencia, expresidente municipal de Colón, seguirá su proceso penal en libertad por delitos de corrupción; luego de que un juez modificara la medida cautelar de prisión preventiva a vigilancia por parte de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó que el juzgador también determinó prohibirle salir del estado de Querétaro y acercarse a cualquier sede de la presidencia municipal; así como al domicilio de algún testigo.
El juez tomó dicha decisión después de que se acreditara legalmente que Ochoa Valencia ya no ocupa el cargo de alcalde de aquella localidad.
“Asimismo, se sigue con el proceso penal con una audiencia intermedia donde se presentarán las pruebas en su contra. Posteriormente, serán desahogadas en juicio para que se determine por el juez de enjuiciamiento su responsabilidad en los hechos”, detalló.
Por medio de un comunicado de prensa, el organismo constitucional autónomo explicó que mantiene las acusaciones de corrupción contra el expresidente municipal de Colón, ya que en 2017 presuntamente causó una afectación económica superior a los 40 millones de pesos a la administración pública.
José Alejandro Ochoa Valencia fue detenido el 13 de agosto del año pasado por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción. A raíz de este hecho, el Ayuntamiento nombró a Filiberto Tapia Muñoz como presidente municipal suplente de Colón para completar el periodo 2018-2021.
En 2018, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) reveló que -tras haber realizado una auditoría a la cuenta pública 2017 del municipio de Colón- detectó un probable daño al erario por más de 49 millones de pesos relacionados con la enajenación de un inmueble correspondiente al Parque Industrial Aeropuerto.
Por su parte, la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Lara Reyes, denunció también en 2017 presuntas irregularidades por 4 millones de pesos en la supuesta compra de patrullas.
