Urgen a reactivar servicios de laboratorios para personas con VIH/SIDA

Piden que instituciones de salud reanuden servicios de laboratorio para detectar VIH/SIDA. Foto: Especial

El director del Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA, Luis Felipe Zamudio Burgos, hizo un llamado para que las instituciones de salud reanuden los servicios de laboratorio

Luis Felipe Zamudio Burgos, director del Centro de Orientación e Información de VIH/SIDA AC (COIVIHS), indicó que es urgente que las instituciones de salud de todos los niveles reactiven los servicios de laboratorio, tanto para detectar infecciones de transmisión sexual, como para dar seguimiento clínico a las personas con VIH/SIDA; pues al ser una población vulnerable la probabilidad de morir por COVID-19 es mayor.

“Tanto en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPACITS), que es la Secretaría de Salud, como en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no tienen varios servicios de laboratorios; que porque ahorita no hay presupuesto, además, no solo hacen falta los estudios de infecciones de transmisión sexual, sino también de seguimiento integral para las personas con VIH. A las organizaciones de la sociedad civil no nos han dado pruebas rápidas que detectan varias infecciones de transmisión sexual, tampoco condones”.

El director abundó en que es “gravísimo” que en el Hospital Regional 2 del IMSS (El Marqués) no den citas médicas de medicina interna, ni de infectología, donde se atiende a los pacientes con VIH; además, tampoco aplican estudios de seguimiento para ver cómo va su tratamiento.

“Esto es muy preocupante porque esto se conecta tanto al desabasto de medicamentos que hubo en el 2019, la suspensión médica y de laboratorios de todo el año 2020 y lo que va del 2021; es decir, hay un rezago muy importante en la vigilancia epidemiológica de las personas con VIH de forma integral”.

En ese sentido, el director subrayó que las autoridades gubernamentales, federales y estatales incurren en la no priorización de un grupo vulnerable al COVID-19, como son las personas con VIH.

“Es una discriminación, básicamente, sistemática institucionalizada contra todas las personas con VIH del estado, que, hasta el año 2019 eran cerca de 3 mil 500 personas, seguramente ya seremos entre 4 mil a 5 mil personas”, dijo.