El grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Querétaro presentará una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad
Antonio Zapata Guerrero, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso del Estado de Querétaro, aseguró que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) promoverá una iniciativa para elevar a rango constitucional local el derecho a la movilidad.
“El tema de la seguridad vial, a nivel federal, está a rango constitucional y fue aprobado por el Congreso del estado como parte del Constituyente Permanente y ahí hay que destacar que una de las grandes prioridades es que surja, a nivel federal, la ley general de movilidad y seguridad vial”.
Tras lamentar el deceso de tres ciclistas que se registraron la semana pasada, el diputado local adelantó que será en los próximos 30 o 45 días que se estaría elevando a rango constitucional el derecho a la movilidad.
“Con la iniciativa también se reformará el ‘Código Penal para el estado de Querétaro’ para incrementar las penas a quien cause la muerte de una persona en un accidente vial y esto se estaría realizando en los próximos 60 días, una vez que se concluyan las reformas federales”.
Destacó que actualmente las penas de los homicidios culposos van de los 2 a 8 años de prisión y de las 20 a 200 UMAS, las cuales podrían incrementarse y entender como pena mínima de los 5 a 10 o 12 años de prisión, así como una multa de 500 a 3 mil UMAS; con lo que se abonará para ser cuidadoso en el uso del automóvil.
“Me parece que este tipo de homicidios culposos podrían incrementarse las penas y entender que cualquier vida bajo cualquier circunstancia la pena es más fuerte, con el objetivo de que realmente nos ocupemos en ser mucho más cuidadoso al momento de manejar (…) la ocupación que debemos tener no es solo el tema de la sanción sino en el tema de la responsabilidad y del compromiso de quien conduce o quien presta el vehículo para quien no tenga la práctica adecuada, tiene que estar penado todo el proceso con el objeto de que seamos más responsables”.
Detalló que al elevar este derecho a rango constitucional obliga a los diferentes niveles de gobierno a poner atención al tema.
