Congreso Local acatará resolución de la SCJN: Jorge Herrera Martínez

El presidente del Congreso Local, Jorge Herrera Martínez, confirmó que la SCJN declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro

Debido a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado de Querétaro tiene que hacer una difusión de ciertos artículos de la “Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro” que fueron revocados por orden del Alto Tribunal, afirmó Jorge Herrera Martínez, presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura Local.

“Lo que hace la Suprema Corte es declarar inconstitucionales esos dispositivos y lo único que debe hacer la legislatura es una difusión de cómo queda la ley ya con los artículos que la Corte declaró que son inconstitucionales y que por lo tanto no se deben aplicar”.

Detalló que el contenido del documento de 102 hojas que fue entregado a la dirección de Servicios Administrativos del Congreso Local deberá ser analizado por los legisladores previo a realizar su cumplimento, por lo que actualmente se encuentra en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Entre lo que establece la sentencia de 12 de marzo de 2019 que resolvió la acción de inconstitucionalidad 101/2015 y sus acumuladas 102/2015 y 105/2015 tiene que ver con la violación a la presunción de inocencia en algunos artículos y a la forma de la designación y remoción de los titulares de los órganos internos de la Defensoría de Derechos Humanos.

“Lo único que nos toca, sin conocer a fondo el tema, es que la legislatura debe hacer una difusión amplia de qué artículos de los que fueron reformados son inaplicables por haberlos declarado inconstitucionales”.

Aclaró que una vez que se conozca más sobre la resolución se informará, pues la acción de inconstitucionalidad se promovió en 2015 y a la fecha varias de las modificaciones ya pudieron haberse cumplido.

Finalmente, Herrera Martínez refirió que este miércoles se reanudará la sesión de pleno luego de haberse decretado un receso para dar tiempo de que lleguen al recinto legislativo las observaciones de los municipios a las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso Local, entre ellas la revocación de mandato y el cambio de fecha de los informes del gobernador, presidentes municipales y diputados locales.

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