Carlos Bautista Sánchez indicó que ha sido una decisión necesaria, ya que en la práctica existen muchos afiliados que no han podido obtener el registro
Tras la prórroga que autorizó el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pasado 23 de julio, en los plazos para el cumplimiento del decreto en materia de subcontratación, el presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro (AFEQ), Carlos Bautista Sánchez, indicó que ha sido una decisión, principalmente, necesaria, ya que en la práctica, desde su experiencia, existen muchos afiliados que no han podido darse de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), plataforma en la que se tienen que registrar las personas físicas o morales que proporcionan servicios especializados.
“Información oficial de la Secretaría del Trabajo señala que el grado de éxito para obtener ese registro es apenas del siete por ciento, es decir, por cada 100 empresas que tramitan su registro, solamente siete lo están pudiendo obtener, que es un número bastante bajo. En la página de Internet, específicamente en la del REPSE, ya tenemos el padrón público de contratistas de servicios especializados, que consta de 9 mil 465 registros, es decir, a nivel nacional solamente este número de personas físicas con actividad empresarial y empresas que prestarían el servicio especializado han logrado obtener ese registro, un número infinitamente bajo para la cantidad de industria, la cantidad de trabajo, para la economía de nuestro país”, dijo.
En ese sentido, el presidente de AFEQ expresó que se está frente a una situación muy delicada y complicada, porque, además de la complejidad de la ley, los profesionales que se dedican a los asuntos de fiscalización y contabilidad se encuentran con la postura de ciertas empresas, a veces mal asesoradas, que señalan “la gravedad” de contratar servicios especializados sin el registro, por la idea de que el gasto no pueda ser deducible, no sea acreditable el IVA, las empresas puedan ser acreedoras a una sanción económica o incluso que la autoridad hacendaria las acuse de defraudación fiscal calificada.
“Eso también está agravando esto que estamos viviendo, porque no solamente se están tratando de registrar las personas que deberían de registrarse por poner a disposición a trabajadores de un tercero, sino que también se están registrando aquellas empresas o proveedores que no quieren perder su contrato o el trabajo que ya están desarrollando con su cliente y como su cliente les está obligado, pues también lo están tratando de hacer”, agregó.
