De acuerdo con el proyecto de dictamen de la iniciativa, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura permitirá otorgar atención especializada, bajo condiciones que hagan posible una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva
Los diputados que integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro aprobaron la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la “Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro”, con la finalidad de crear la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
De acuerdo con el proyecto de dictamen de la iniciativa, que presentó en su momento el diputado Néstor Domínguez Luna, esta fiscalía permitirá otorgar atención especializada, bajo condiciones que hagan posible una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva.
Además, con la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, se daría cumplimiento a lo establecido en la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, resultando esencialmente su inclusión en la estructura de la “Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro”.
Domínguez Luna recordó que por la naturaleza especializada de las funciones de la unidad especializada, era necesario crear esta fiscalía permitiendo mejores resultados y sobre todo contar con cifras oficiales sobre estos delitos.
“Con la creación de esta fiscalía se garantizará el respeto y la implementación de normas jurídicas encaminadas en prevenir y sancionar la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”.
La Fiscalía contará con un jefe de unidad, fiscales especializados, peritos profesionistas como mínimo en las materias de psicología y medicina, policías de investigación y el personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus funciones. Contará con los recursos financieros y materiales necesarios conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y la suficiencia presupuestal autorizada.
