Felipe Reyes Hernández, encargado del despacho de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Querétaro y Guanajuato, explicó que el apoyo que otorgan a los indígenas no es en todos los delitos; en los ilícitos de violencia de género y homicidio no hay apoyo, solo en los relacionados con delitos menores y faltas administrativas
En lo que va del año, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha apoyado 20 casos en los que se han visto involucrados indígenas del estado y de otras partes del país, confirmó Felipe Reyes Hernández, encargado del despacho de la oficina de representación del INPI en Querétaro y Guanajuato.
“Justamente con el ‘Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas’ tenemos un apoyo que tiene que ver con los derechos indígenas y en esa vertiente tenemos un programa de apoyo a intérpretes y traductores indígenas, es decir, el INPI apoya o financia a los intérpretes indígenas”.
Explicó que estos intérpretes están certificados por la Fiscalía General del estado de Querétaro a través de un convenio de colaboración.
“Entonces, en estos casos nos coordinamos con la fiscalía, nosotros llamamos al intérprete, le pagamos por sus servicios y regularmente los intérpretes están ubicados en las comunidades indígenas otomíes de Amealco y los pames del municipio de Tolimán, pero no necesariamente los intérpretes y traductores son del estado, porque también nos coordinamos con los INPI del resto del país”.
Aclaró que el apoyo que otorgan a los indígenas no es en todos los delitos, es decir, en los ilícitos de violencia de género y homicidio no hay apoyo, solo en los relacionados con delitos menores y faltas administrativas.
“Concluimos un apoyo con intérpretes de un proceso de atención a tzotziles indígenas de Chiapas que fueron privados de su libertad; se están atendiendo 20 casos en nuestras oficinas de los centros coordinadores de pueblos indígenas que están en las regiones de Tolimán en Amealco”.
Confirmó que, de acuerdo con el último censo de población indígena privada de la libertad realizado en 2017, actualmente hay 31 personas presas, de las cuales 13 son procesadas, 16 sentenciadas y una procesada y una sentenciada por delitos federales.
“El próximo año se hará, a nivel nacional, la actualización de población indígena recluida; este año se liberó a una persona indígena y a dos más ya se les autorizó su libertad”.
