La diputada local del PAN, Leticia Rubio Montes, propuso que la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México otorgue pensiones a personas con discapacidad mayores de 29 años
La diputada Leticia Rubio Montes, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, ingresó a Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la iniciativa por la que el Congreso Local exhorta a la Secretaría de Bienestar, para que en la determinación de la población objetivo del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, se atienda a las personas mayores de 29 años de edad.
La legisladora local panista informó que este exhorto es con la finalidad de que para el siguiente ejercicio fiscal del gobierno federal, se determine también como población objetivo a las personas con discapacidad permanente mayores de 29 años, y así lograr la vigencia efectiva de sus derechos humanos.
Mencionó que en los recorridos que ha realizado por diversas comunidades de su distrito, ha conocido de casos de personas que por la edad o condición geográfica, no pueden acceder a esta pensión, tal es el caso dijo, de la señora María de los Ángeles, quien vive en la comunidad de El Palmar, en el municipio de Cadereyta, y que tiene un hijo con discapacidad, pero por tener 34 años de edad ya no puede ser beneficiario, además de que otra limitante es el lugar de su residencia, por no pertenecer a una comunidad indígena o considerada de alta o muy alta marginación.
Comentó que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), estimó que para 2018, habitaban 7.9 millones de personas con discapacidad en México; de las cuales el 33.6 por ciento son personas adultas de 30 a 59 años y el 49.9 por ciento son personas adultas mayores de 60 años con discapacidad. Explicó que con base a estos datos, más del 80 por ciento de las personas con discapacidad no pertenecen o no pueden acceder a este programa.
Agregó que, el INEGI indica que solo cuatro de cada 10 personas en edad laboral, con discapacidad, tienen un empleo; y que la situación en Querétaro es difícil para las personas de este sector, ya que el 15 por ciento de la población queretana cuenta con algún tipo de discapacidad; apuntó que este porcentaje equivale a 355 mil habitantes, de los cuales, 96 mil tienen alguna discapacidad, 29 mil tienen alguna condición o problema mental, mientras que el resto tiene alguna limitación.
Por ello, consideró importante que se pueda ampliar el rango de personas que puedan acceder a este programa de pensión, mismo que dijo, se encuentra sustentado en una reforma constitucional al artículo 4, que se realizó en el año 2020, y que le da el fundamento legal.
Sin embargo, Rubio Montes enfatizó que en las reglas de operación se está excluyendo y discriminando a estas personas, tanto por el lugar de su residencia, como por su edad, lo cual advirtió, también está prohibido en la misma Constitución federal.
