Promoverán acción de inconstitucionalidad en contra de acuerdo del presidente

Felipe Fernando Macías aseveró que dicho acuerdo viola muchos preceptos constitucionales, entre ellos, el que establece que todo acto de gobierno debe estar motivado y fundamentado; además, afirmó que vulnera el derecho al acceso a la información pública

Los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el acuerdo que declara de “interés público y seguridad nacional” proyectos y obras del Gobierno de México de diversos sectores.

Así lo confirmó el legislador federal por Querétaro Felipe Fernando Macías Olvera, quien aseveró que dicho acuerdo, que ya fue publicado en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF), viola muchos preceptos constitucionales, entre ellos, el que establece que todo acto de gobierno debe estar motivado y fundamentado; además, afirmó que vulnera el derecho al acceso a la información pública.

“Es inconstitucional, una aberración, un descaro por parte de este gobierno de no respetar la legalidad. Esto es propio de dictaduras, donde todo el control cae sobre una sola persona, es un control sin vigilancia. Vamos a combatir este decreto. La acción de inconstitucionalidad se puede presentar con un tercio de legisladores, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores”, apuntó.

El diputado panista reiteró que, al declarar las obras como de seguridad nacional, el gobierno federal no estará obligado a dar a conocer a la población información sobre el costo, proveedores y adquisiciones de los proyectos que ejecute.

Macías Olvera recordó que el procedimiento constitucional para que se realice una obra de los tres niveles de gobierno parte de una licitación pública con la libre participación de las empresas constructoras.

“Además, se obliga a las dependencias de gobierno involucradas a otorgar en un plazo de cinco días las licencias y permisos necesarios para que se puedan llevar a cabo estas obras. En el caso del Tren Maya, si pasa por zonas naturales protegidas, esto quiere decir que se darán los permisos, o si las subtierras son de propiedad indígena, también podrían expropiarse”, advirtió.