Este lunes fue presentada la propuesta del primer “Protocolo de actuación para la protección de las personas defensoras de derechos en asuntos ambientales aplicable para el estado de Querétaro”
Para fomentar una cultura de paz en el estado de Querétaro, a través de la prevención de las agresiones, hostigamientos, riesgos a la seguridad personal o la vida de las y los defensores de asuntos ambientales, fue presentada la propuesta del primer “Protocolo de actuación para la protección de las personas defensoras de derechos en asuntos ambientales aplicable para el estado de Querétaro”.
De acuerdo con la lideresa del Cuerpo Académico Identidades, Medio Ambiente y Justicia en Contextos Democráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Izarelly Rosillo Pantoja, la propuesta pretende ser el marco y modelo, a nivel nacional y en otros estados, para materializar el cumplimiento del artículo ocho del Acuerdo de Escazú, que establece que cada miembro del Acuerdo debe garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
“Este protocolo de actuación, pretende funcionar como una alerta temprana ante el vacío de una naturaleza preventiva y la coordinación local que existe, toda vez que tenemos un tratado internacional de reciente creación. Hablamos de una naturaleza preventiva de la defensora o el defensor de derechos humanos, toda vez que él o ella, por condiciones también de vulnerabilidad se sitúa en un momento de mayor riesgo, toda vez que está defendiendo el patrimonio natural del estado”, expuso.
Activación con denuncias y quejas
La especialista indicó que el protocolo se activará con denuncias, quejas administrativas o denuncias penales. El riesgo, agregó, se calificará por medio de instituciones encargadas de la protección del medio ambiente, los municipios, la Fiscalía General del estado o la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ). Los niveles de riesgo, señaló, serán moderado, alto y muy alto, lo cual, mencionó, funcionará como alerta temprana.
“No tenemos que esperar a que alguien se le tenga que privar de la vida, o poner en riesgo su vida. (…) Este mecanismo fortalece también a las instituciones de nuestro estado, que se ha caracterizado por ser de los primeros a nivel nacional con un ejemplo de legislación ambiental y que, a su vez, se ha replicado en otras entidades federativas”, dijo.
Añadió que las medidas preventivas del protocolo parten de que el riesgo esté calificado en dos umbrales: Por condiciones de vulnerabilidad y el derivado de los hechos, condiciones que permitirán que las autoridades activen un semáforo. Manifestó que, cuando el riesgo sea alto y muy alto, se activará un protocolo nacional.
Las medidas de prevención, detalló, se implementarán por una denuncia administrativa o ambiental, con una calificación de riesgo, donde aplicarían las instituciones encargadas de autoridades ambientales; por una denuncia penal por delitos contra el ambiente y los animales ante la Fiscalía General; o bien, dentro de un procedimiento de queja o denuncia ante la DDHQ. De esta forma, subrayó, dichas autoridades, de manera concurrente, se vincularían con las Secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana, así como con los cuerpos de seguridad municipales.
Necesario, implementar Acuerdo de Escazú
Recordó que el protocolo está inspirado en casos como el de la ambientalista queretana América Vizcaíno Sahagún, pues se le situó en estado de riesgo al dar a conocer sus datos personales tras realizar una denuncia; así como en el de Teresa Roldán, quien luego de otra denuncia, pudo estar en riesgo su vida.
“Es necesario implementar el Acuerdo de Escazú y, para poder hacerlo, de forma a corto plazo e inmediata, necesitamos modificar el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a efecto de armonizar las alertas locales que apliquen y materialicen las medidas preventivas anteriormente referidas; impulsar e instrumentar estas medidas estatales en todo el país, y que este modelo pueda ser mejorado, modificado y aportado por todo aquel ciudadano que quiera contribuir a una cultura de paz en nuestro país y a una justicia transicional”, sostuvo.
