Una consulta de revocación de mandato organizada por ciudadanos no tendría efectos jurídicos. Foto: Especial
La consulta sobre revocación de mandato organizada por parte de los ciudadanos, como lo sugirió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tendría efectos jurídicos, ya que no está prevista en la ley, refirió Luis Octavio Vado Grajales, experto en temas electorales.
Sin embargo, refirió que “no es algo prohibido” o inconstitucional, sino que sería otra forma de conocer la opinión de la población.
“También puede suceder que los órganos de gobierno decidan realizar algún tipo de mecanismo de participación que no esté previsto en la ley, que, entiendo, es un poco lo que está planteando el presidente de la República de manera muy similar a lo que sucedió con el tema del aeropuerto. ¿Eso lo convierte en algo inconstitucional? No, lo convierte en otra forma de consultar”, dijo.
Indicó que también sería muy probable que no se denominara revocación de mandato, debido a que este es un mecanismo de democracia participativa contemplado en la Constitución, en el que intervienen autoridades de manera directa, como el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Es algo no previsto, pero no es algo prohibido. Sería una consulta, una solicitud de opinión, un sondeo que podría de alguna manera considerarse como una cuestión política, pero no tendría efectos jurídicos, no sería obligatorio”, reiteró.
Vado Grajales enfatizó que se debe esperar a conocer lo que resuelvan los tribunales respecto a los juicios y la controversia de inconstitucionalidad que presentó la Cámara de Diputados sobre la decisión del INE de aplazar de manera temporal la consulta por falta de recursos para el siguiente año.
“También debemos esperar a ver la labor de verificación de las firmas. Yo lo que diría es que no es un tema jurídicamente ya decidido en este momento”, agregó.
El 21 de diciembre, durante la conferencia mañanera, el presidente de México aseguró que los ciudadanos podrían organizar por su cuenta dicha consulta, en caso de que las autoridades electorales se negaran a llevarla a cabo.
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