PRI presenta iniciativa de “muerte civil” para funcionarios sancionados por corrupción

El diputado local del PRI, Paul Ospital Carrera, propuso hoy que ningún servidor público pueda ejercer cargos luego de haber sido sancionado por corrupción o faltas administrativas graves

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera, presentó una iniciativa ante Oficialía de Partes del Congreso Local que busca que ningún servidor público en el estado pueda ejercer un cargo tras ser sancionado por corrupción o faltas administrativas graves.

Se trata de una reforma al artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro que adiciona el párrafo: “al que haya desempeñado un cargo de servicio público, faltando a los principios que rigen el mismo y siendo sancionados por faltas administrativas graves y/o de corrupción, no podrán desempeñar ningún cargo de elección popular o por designación, en el estado de Querétaro”.

En entrevista, el legislador local refirió que la iniciativa de ley denominada “muerte civil” tiene como objetivo que los funcionarios sancionados por actos de corrupción ya no puedan participar en elecciones o ser invitados a formar parte de la administración a nivel estatal o municipal.

“Es una muerte civil literalmente para todos aquellos o aquellas que hayan cometido un acto de corrupción. Se trata de sancionar para siempre aquellas personas que hayan cometido un acto de corrupción, porque hoy (…) según la falta un juez determina si tienes tres meses de inhabilitación o seis meses, o un año, o cinco años, pero una vez que cumples con ese periodo ya puedes volver a ser contratado en el gobierno municipal o estatal. Lo que estamos poniendo es que ya nunca puedas regresar al servicio público por eso se llama muerte civil”, dijo.

Ospital Carrera señaló que, en 2019, 72 por ciento de la población del estado percibió actos de corrupción de manera frecuente a muy frecuente, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“El resto de los diputados deberían respaldarla porque sería un ejemplo para todo el país, ahí sí sería un botón de muestra que en Querétaro quien haya sido sancionado por corrupción nunca más pueda volver a trabajar en el Estado”, apuntó.

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