Aprueban exhorto para que programa de Bienestar amplíe rango de edad

Actualmente, el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente solo atiende a un grupo que va de los 0 a 29 años, y a personas de 30 a 64 años; que sean integrantes de comunidades indígenas o que vivan en zonas con alto o muy alto grado de marginación

En sesión de Pleno, las y los diputados de la 60 Legislatura aprobaron un exhorto dirigido a la Secretaría de Bienestar del Poder Ejecutivo Federal para que dentro del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se atienda a la población mayor de 29 años de edad.

El dictamen que fue presentado por parte de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda indicó que en la actualidad dicho programa solo atiende a un grupo objetivo que va de los 0 a 29 años, y a personas de 30 a 64 años; siempre y cuando sean integrantes de comunidades indígenas o que vivan en zonas con alto o muy alto grado de marginación.

La diputada Leticia Rubio Montes, autora de la iniciativa de acuerdo, refirió que 15 por ciento del total de la población queretana presenta algún tipo de discapacidad; porcentaje que representa cerca de 355 mil habitantes.

Así mismo, los integrantes del Poder Legislativo aprobaron un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que suscriba convenios con el Gobierno Federal para que se implemente en la entidad, de manera universal, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

En este caso, la iniciativa de acuerdo fue presentada por el diputado Armando Sinecio Leyva y contempla que el gobierno estatal y el gobierno federal aporten cada uno 50 por ciento de los recursos necesarios para la implementación del programa en la entidad para el rango de edad de cero a 64 años de edad.

También se aprobó la iniciativa para incluir en el Código Civil del Estado el usufructo vitalicio en favor de la protección del patrimonio de los adultos mayores, así como la reforma que faculta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para la Defensa Integral de la Familia (DIF) elaborar y difundir protocolos para la atención integral de los menores de edad.