Sergio Claudio Arellano Rabiela ingresó ante Oficialía de Partes un documento dirigido a la presidencia de la 60 Legislatura en el que manifiesta su inconformidad respecto a supuestas “descalificaciones públicas” que dijo se emitieron en contra de su persona y su candidatura a la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Guillermo Vega Guerrero, durante su entrevista en las instalaciones del Congreso local el pasado siete de febrero.
El candidato señaló que se cometió en su contra daño moral y se violó su derecho en materia de datos personales, luego de que el legislador local expuso que contaba con dos constancias de residencias, una expedida por parte del gobierno municipal de Querétaro y otra por el Ayuntamiento de Celaya.
Argumentó que no existe impedimento legal para tener dos residencias acreditadas. Refirió que Querétaro y Celaya están a 30 minutos de distancia y en ambos cuenta con lazos familiares, laborales y de domicilio. Agregó que el Código Civil del Estado de Querétaro indica que una persona reside en un lugar cuando permanece por más de seis meses.
“No estoy violando ninguna disposición de carácter legal. A mí se me pidió acreditar residencia en Querétaro y la acredité”, dijo.
Arellano Rabiela dejó claro que el 2 de febrero, la presidencia de la JUCOPO mediante acuerdo comunicó a la Mesa Directiva que su candidatura procedía y era aceptada de manera legal, después de entregar los documentos solicitados por la convocatoria. Recordó que recibió la notificación para comparecer respecto a dos temas en específico: los motivos y merecimientos de su aspiración al cargo y su proyecto de trabajo.
“Sin embargo, la comparecencia fue principalmente para descalificaciones a mi persona por parte del diputado Guillermo Vega exhibiéndome públicamente como si fuera un delincuente en medios de comunicación y sin dejar tiempo suficiente para mi contrarréplica”, apuntó.
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