DDHQ tiene abiertas 27 quejas relacionadas con personas privadas de su libertad

La DDHQ solicitó a la Fiscalía General del Estado de Querétaro un informe sobre la muerte de un hombre que se encontraba en el área de resguardo de detenidos de la Unidad 5

Este 2022, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) tiene abiertas 27 quejas que involucran a personas privadas de su libertad en los cuatro centros que integran la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro (CESPQ), algunas de ellas, iniciadas de oficio y otras, a petición de parte, según informó personal del área de Comunicación Social del organismo autónomo.

Una de ellas es la que inició la defensoría tras ser notificada, el 9 de marzo por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, sobre el deceso de un hombre al interior del área de resguardo de detenidos de la Unidad 5, quien fue localizado en estado de suspensión, atado del cuello con una cinta de tela.

Sobre el caso, el presidente de la DDHQ, Javier Rascado Pérez, confirmó que ya solicitaron a la autoridad un informe de los hechos, así como el resguardo de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de las áreas correspondientes para contar con todos los elementos que permitan determinar si se deslindan responsabilidades o se emite una recomendación. Precisó que la fiscalía tiene un plazo de 15 días para entregar el informe.

“El 9 de marzo se recibió una llamada por parte de la vicefiscalía de derechos humanos dentro del protocolo establecido (…) para hacernos del conocimiento de esta situación; derivado de esto, se inicia la indagatoria. En caso de que hubiera alguna situación que se hubiera detectado como anomalía, tendría finalmente, como toda queja, que recaer en una recomendación o también se puede concluir que no hay ningún tipo de indicio que nos permita llegar a esa conclusión, entonces, finalmente se da por cerrado el expediente”, apuntó.

Rascado Pérez aseguró que de manera cotidiana personal de visitaduría del organismo autónomo acude a los centros de detención para verificar que se brinde una atención que en términos legales no sea violatoria de derechos humanos y, de lo contrario, las personas privadas de su libertad pueden presentar una queja.

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