Un dictamen de nueve reformas en materia de seguridad y justicia, fueron aprobadas este jueves por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso Local
Un dictamen de nueve reformas en materia de seguridad y justicia de las diez que integran el paquete legislativo que presentó el Poder Ejecutivo fueron aprobadas este jueves por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso Local.
El diputado presidente de la comisión, Antonio Zapata Guerrero, explicó que con la reforma a la Ley de Seguridad para el Estado se crea una comisión de prevención del delito, órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, que dará seguimiento y asesoría a las decisiones que tomen los jueces cívicos en favor de la comunidad.
“Con estas leyes estamos buscando que respetando la autonomía municipal, todo el catálogo de delitos o de penas cívicas se homologuen a los 18 municipios. Para esto entendemos que hay municipios que requieren del apoyo y acompañamiento porque no tienen la misma capacidad administrativa o financiera que pueden tener otros municipios”, apuntó.
Aseveró que dicho dictamen plantea un modelo de seguridad cuya base se centra en la medición de conflictos por parte de en una “policía de proximidad”, la cual dijo permitirá resolver problemas y demandas de la ciudadanía.
Explicó que una vez aprobadas las reformas se tendrá que capacitar a los elementos de las policías municipales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que de manera obligatoria deberán tener conocimiento “de las tres leyes”.
El legislador panista manifestó que “muchas de las faltas cívicas que se han venido cometiendo generan una alta percepción de inseguridad”; sin embargo, dijo que con el nuevo modelo serán atendidas.
Al ser cuestionado sobre si el nuevo modelo implicará la contratación de más policías o la apertura de un área especializada en las corporaciones, Zapata Guerrero indicó que en la ley no se puede determinar un número de elementos, sino que será una decisión de las autoridades municipales y estatal.
El diputado Ricardo Astudillo enfatizó que con la reforma al artículo tercero y onceavo de la Ley de Seguridad para el Estado se otorga a los policías municipales la función para que tengan la capacidad e injerencia para inhibir la comisión de delitos ambientales tipificados en la entidad.
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