La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (TSJEQ), Mariela Ponce Villa, detalló que, entre los cuatro funcionarios vinculados a proceso, se encuentran dos policías municipales, un elemento de la Policía Estatal y uno más de Protección Civil
Con la vinculación a proceso de tres servidores públicos más tras los hechos violentos ocurridos en el Estadio La Corregidora el 5 de marzo, suman cuatro en esta situación, a quienes se les determinó esta condición por los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de la justicia en materia de combate a la corrupción.
Así lo dio a conocer en entrevista la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (TSJEQ), Mariela Ponce Villa, quien detalló que, entre los cuatro servidores públicos vinculados a proceso, se encuentran dos policías municipales, un elemento de la Policía Estatal y uno más de Protección Civil.
“Los cuatro están en prisión preventiva. (…) Están un poco complejas (las penas), porque los delitos contra la administración de justicia son conjunción de varios tipos penales”, refirió.
Hasta el momento, señaló la también presidenta del Consejo de la Judicatura en la entidad, suman 30 personas las que han sido vinculadas a proceso por la riña durante el partido Querétaro-Atlas; de estas, indicó, cuatro son servidores públicos y el resto son ciudadanos que presuntamente participaron en los hechos.
Añadió que, a la fecha, no hay ninguna audiencia pendiente y los casos de las personas que han sido judicializados ya fueron vinculadas a proceso, tienen prisión preventiva y está en curso la investigación complementaria, cuyo plazo, en promedio, es de tres meses. Agregó que hay dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, las cuales están dirigidas a servidores públicos.
“Es otra persona de Protección Civil y, si mal no recuerdo, otro policía estatal; son los que están faltando”, refirió, para luego acotar que las autoridades de Jalisco no han puesto a disposición de las queretanas a alguna persona.
En otros temas, Mariela Ponce informó que la persona que fue acusada de arrojar ácido a una mujer en La Cañada, municipio de El Marqués, ya fue vinculada a proceso, se encuentra en prisión preventiva oficiosa y también corre el plazo de investigación complementaria.
Sobre el caso del sacerdote que presuntamente cometió abuso sexual en contra de un menor, la magistrada presidenta del TSJEQ manifestó que el asunto está vigente, está por realizarse la audiencia intermedia, para después llevar a cabo el juicio. Precisó que el clérigo enfrenta su proceso en libertad, ya que se modificó la medida cautelar.
“Ya no representaba un riesgo. Como en el tiempo en que se atribuye ese hecho el delito no se consideraba de prisión preventiva oficiosa, se le impuso justificada, para que no se corriera ningún riesgo por parte de la víctima. Esas medidas cautelares son revisables en cualquier momento. Si desaparece la razón por la que había algún riesgo, entonces los jueces pueden modificar las medidas cautelares de prisión preventiva por otros en libertad”, dijo.
Expuso que, mientras dura el procedimiento legal, las víctimas reciben apoyo y asistencia psicológica, jurídica y médica por parte del área correspondiente; sin embargo, esta no pertenece al poder Judicial.
