Un alcalde, un director municipal de finanzas, un notario público, un juez cívico, policías municipales, personal de Protección Civil Municipal y personal administrativo estatal han sido vinculados a proceso penal por corrupción
El titular de la Fiscalía Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado, Benjamín Vargas Salazar, informó que de marzo del 2021 a febrero del 2022 realizaron la vinculación a proceso de 18 personas -particulares y servidores públicos- entre los que se encuentran: un presidente municipal, un director de finanzas municipal, un notario público, un juez cívico, así como personal de protección civil municipal, personal administrativo estatal y policías municipales.
Al rendir su quinto informe anual de actividades ante integrantes del Poder Legislativo del estado de Querétaro, precisó que en dicho periodo iniciaron 51 carpetas de investigación derivadas de denuncias por hechos de corrupción, de las cuales se judicializaron 14 por los delitos de cohecho, peculado, desempeño indebido y abandono del servicio público, desempeño irregular de las funciones públicas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, delitos contra la administración de justicia, falsificación y uso indebido de documentos falsos o alterados, así como destrucción, alteración o daño de actuaciones u objetos relacionados con ellas.
Confirmó que a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se realizaron diversos aseguramientos de dinero, así como diez vehículos “de alta gama” y bienes inmuebles, por un monto de 21 millones de pesos; lo que aseguró debilita la capacidad financiera de quienes cometen delitos de corrupción.
“El número de sentenciados por hechos de corrupción se aumentó en un 100 por ciento con relación al año anterior, así mismo el aseguramiento y recuperación de activos es una meta que nos hemos trazado y que a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica se materializa al tener resultados favorables”, apuntó.
En este sentido, indicó que durante los últimos cinco años, la Fiscalía ha judicializado 68 carpetas de investigación por medio de las cuales se han vinculado a proceso a 90 personas servidoras públicas y particulares; sin embargo, solo 31 han recibido una sentencia.
