Además del agua potable, que es un servicio estatal, las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) y organizaciones civiles también requieren de apoyos o incentivos a nivel municipal para cubrir el predial; así como para solventar trámites como las licencias de funcionamiento y de recolección de residuos o el visto bueno de protección civil, refirió Mónica Perrusquia Rivera, directora de la Asociación Pro Personas Con Parálisis Cerebral (APAC) Querétaro.
En entrevista, puntualizó que las instituciones y organizaciones no pretenden dejar de cumplir con dichos trámites y obligaciones, pero reconoció que es “muy costoso” cumplir con ellas. Por ejemplo, señaló que los gobiernos municipales podrían facilitar que sus expertos en el área colaboren con las organizaciones para la integración de los dictámenes o planes de protección civil para que no tengan que contratar el servicio particular cada año.
“No quisiera que se malinterpretara que no queremos hacer el visto bueno de Protección Civil, claro que queremos ser instituciones seguras y confiables, pero que el costo fuera preferencial”, afirmó.
Respecto al anuncio que realizó el gobernador Mauricio Kuri González sobre el pago de 172 pesos mensuales por el servicio de agua potable para las IAP y organizaciones, así como la condonación de los adeudos que tengan con respecto al líquido, Perrusquia Rivera manifestó que se trata de “un gran estímulo”.
Enfatizó que ante la “facilidad de los requisitos” para ser beneficiadas del apoyo, prevén que ninguna organización se quede fuera del programa. Recordó que existen casas hogar o centros de asistencia social que albergan a cerca de 40 menores de edad y pagan hasta 15 mil pesos por el servicio de agua cada 30 días.
“Recordar que el tema de la condonación no lo va a absorber gobierno del estado, sino el grupo de empresas que se están sumando; ellos son los que van a pagar parte de las deudas que tengan las organizaciones para quedar en cero y ser candidatas a este precio (172 pesos)”, agregó.
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