Aunque señaló que hasta el momento no han sido notificados por el jurídico sobre una acción de inconstitucionalidad ya interpuesta, la secretaria de Gobierno del estado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, reconoció que dicha figura prevista en la Constitución puede ser uno de los cauces para que, como respuesta, se modifique la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado”.
Reiteró que la otra vía para que se “enriquezca” la ley es que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) escuche con apertura las opiniones de los diversos grupos y analice las propuestas.
“No sé quiénes hayan promovido la acción de inconstitucionalidad, no he pedido el reporte al jurídico. Entiendo que no hemos sido notificados de una acción ya interpuesta”, dijo.
Por otro lado, luego de que ambientalistas pidieron la intervención de las autoridades estatales al asegurar que “se están abriendo caminos para la expansión de un fraccionamiento” que devasta “una enorme extensión de terrenos con gran valor ambiental” y pone en riesgo a Peña Colorada, la funcionaria puntualizó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) es la que da seguimiento a la declaratoria como Área Natural Protegida de dicha zona y es la que puede responder sobre su estatus.
En otro tema, Murguía Gutiérrez confirmó que ayer (miércoles) recibió una llamada de parte de un funcionario de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal que pedía que se nombraran enlaces para coadyuvar en la investigación del caso de la mujer encontrada sin vida en la colonia La Cruz, del municipio de Querétaro.
Dijo que hasta el momento no ha tenido acercamiento con el padre de la mujer, quien denunció en redes sociales que no se trata de un suicidio, como marca la línea de investigación de la Fiscalía General del estado, sino de un feminicidio; sin embargo, señaló que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del estado sería quien realice el contacto con los familiares.
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