La DDHQ investiga el enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales en avenida 5 de Febrero. Foto: Especial
Tras el enfrentamiento entre manifestantes y elementos de la Policía Estatal –ocurrido el pasado viernes 10 de junio– en avenida 5 de Febrero, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) solicitó medidas cautelares a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana.
El organismo informó que dicha petición se desprende del expediente de queja 240/2022, el cual fue abierto a raíz de las entrevistas realizadas a las tres personas que fueron detenidas por bloquear dicha vialidad; los manifestantes detenidos fueron liberados luego de haber sido trasladados a la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
La DDHQ “ha abierto el expediente de queja 240/2022 con el que ya se conduce una investigación diligente y autónoma respecto a la actuación de las diversas autoridades involucradas para determinar si la intervención del personal dotado del uso legal de la fuerza pública se hizo con respeto a los principios fundamentales establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, explicó.
Al destacar que el uso legal de la fuerza pública debe ser siempre la última alternativa para solucionar las controversias bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad, precaución y no discriminación; la institución hizo un llamado para que las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana “implementen todas las medidas necesarias y adecuadas para privilegiar el diálogo con todas y cada una de las diferentes expresiones ideológicas de la sociedad”.
La DDHQ puntualizó que otorgó tres días naturales para que ambas dependencias estatales notifiquen la aceptación o rechazo de dichas medidas cautelares, las cuales contienen lineamientos para regular el uso legal de la fuerza pública durante manifestaciones sociales.
Además, enfatizó que está analizando el contenido de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro para, en su caso, presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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