Se trata de posturas iniciales y esperan llegar a un consenso en las mesas de trabajo subsecuentes con el diputado Antonio Zapata Guerrero, apuntó el presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ), Enrique Uribarren Castro
“Hay puntos en los que de momento difícilmente nos pondremos de acuerdo”, reconoció el presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ), Enrique Uribarren Castro, tras sostener la primera reunión con el presidente de la Mesa Directiva de la 60 Legislatura del estado, Antonio Zapata Guerrero, en aras de trabajar en conjunto con el Congreso local para perfeccionar la legislación en la entidad en materia de aguas.
Por ejemplo, explicó que uno de esos puntos corresponde a que mientras como asociación civil buscan que se cree una nueva ley de aguas o se reforme la recién aprobada ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado, el poder Legislativo “no tiene la misma visión”, ya que pretende solo hacer modificaciones al Código ambiental, lo cual, dijo, impide una integralidad del marco legal y, además, “le quita peso”.
“Otro de ellos, el tema de las concesiones que aprobaron ellos en la ley y que nosotros seguimos manteniendo nuestro desacuerdo con ello”, expuso.
Sin embargo, Uribarren Castro puntualizó que se trata de posturas iniciales y esperan llegar a un consenso en las mesas de trabajo subsecuentes con el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata Guerrero.
El presidente del OCPAQ aclaró que el 22 de junio vence el plazo para que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) soliciten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la inconstitucionalidad de la ley que se publicó el 21 de mayo. Recordó que fueron cerca de 30 asociaciones y colectivos los que se sumaron a la petición que realizó Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro.
“Si en ese periodo no lo hacen, ese recurso queda agotado. En la defensoría quedó ingresado el escrito el 2 de junio (…), los 30 días corren a partir de que la ley fue publicada”, confirmó.
