El diputado local del PAN, Guillermo Vega Guerrero, presentó una iniciativa de ley para regular a las empresas y elementos de seguridad privada en el estado de Querétaro
Para regular y registrar a los prestadores de servicios de seguridad privada, así como a su personal operativo, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) y coordinador de dicho grupo legislativo, Guillermo Vega Guerrero, ingresó a la Oficialía de Partes del Congreso Local la iniciativa de Ley de Seguridad Privada del Estado de Querétaro.
El legislador local panista detalló que el ordenamiento propuesto plantea, a través de un aproximado de 60 artículos, abarcar a las empresas que brindan el servicio a condominios y comercios, pero también contempla a los guardaespaldas, servicio de traslado de valores, blindaje, empresas que se dedican a la instalación de videovigilancia y también regulará lo relativo a eventos masivos.
“Se va a escuchar también a las empresas de seguridad privada organizadas, para que puedan conocer el proyecto, aportar libremente algunas ideas, pero no está sujeta la ley; es decir, la ley viene con una perspectiva de tener calidad, más calidad y mejor calidad de los servicios en Querétaro”, sostuvo.
Añadió que la iniciativa contempla la creación de un área, dentro de la Dirección de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dedicada a la inspección de empresas y de personal. Agregó que, en la medida en que se tenga un padrón de empresas, se conozca a sus propietarios y trabajadores, además de establecer la obligación de realizarles exámenes toxicológicos, médicos y psicológicos, esto redundará en mejorar el servicio para los ciudadanos.
Resaltó que el ordenamiento contempla el pago de fianzas y sanciones, estas últimas irían de acuerdo a la gravedad de la falta y serían, desde una amonestación, una multa económica con base en un tabulador que se establecería, e incluso, se retiraría la licencia para el desempeño de funciones en materia de seguridad privada. Con esta normativa, acotó, no solo se sancionaría a las empresas, sino a los propietarios, para evitar que se haga cambio de razón social y aún operen.
