La determinación de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de no promover la acción de inconstitucionalidad en relación con la ley en materia de agua potable en el estado obedece a consideraciones de forma y no al estudio “de fondo” que plantearon y solicitaron al organismo autónomo local cerca de 30 organizaciones sociales en la entidad, sostuvo el presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ), Enrique Uribarren Castro.
Señaló que era necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fuera la instancia que se pronunciara sobre si son o no violatorios de derechos humanos o inconstitucionales los artículos que contiene la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado.
Uribarren Castro puntualizó que el OCPAQ continúa elaborando una propuesta para modificar y mejorar la ley antes mencionada. Confirmó que ya tuvieron una primera reunión con académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), institución educativa que busca presentar su propia iniciativa de ley de aguas. Explicó que en los siguientes días conocerán el análisis sobre la ley que realiza el área de Derecho de la casa de estudios.
“Lamentablemente esta vía ha quedado totalmente concluida, por así decirlo. Como nosotros ya lo veníamos haciendo es en primera instancia venir trabajando en una propuesta que ahora permita el perfeccionamiento de esta ley”, dijo.
Precisó que como observatorio no han analizado la posibilidad de presentar amparos en contra de la ley a partir de su entrada en vigor.
Cabe recordar que en semanas pasadas, Uribarren Castro se reunió por primera vez con el presidente de la Mesa Directiva de la 60 Legislatura del Estado, Antonio Zapata Guerrero y, tras el encuentro, refirió que como observatorio difieren en varios puntos con el Congreso local; uno de ellos es en el que piden que se reforme o cree una nueva ley y no solo se modifique el Código Ambiental, como se plantea desde el Poder Legislativo.
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