Denuncian violaciones a derechos de personas privadas de su libertad

Integrantes de la LIMEDDH denunciaron que del 2018 a la fecha tienen conocimiento de alrededor de 38 casos tortura y otras violaciones a los derechos humanos, cometidos al interior de centros penitenciarios de la entidad

A las afueras de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, ubicada en San José El Alto, municipio de Querétaro, integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) indicaron que del 2018 a la fecha tienen conocimiento de alrededor de 38 casos tortura y otras violaciones a los derechos humanos cometidos al interior de centros penitenciarios de la entidad en contra de las personas privadas de su libertad, de los cuales brindan acompañamiento a una decena.

Adrián Ramírez López, integrante de la LIMEDDH, denunció que en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto se realizan prácticas que, a pesar de que son consideradas dentro de los reglamentos como elementos normativos, constituyen violación a los derechos humanos de quienes cumplen una pena; por ejemplo, el uso de grilletes y candados de seguridad en los traslados.

Asimismo, refirió que existe una restricción en la visita de los familiares, pese al cambio de escenario para el manejo de la pandemia por Covid-19 en la entidad; retraso para el ingreso de abogados; videoconferencias insuficientes para que permanezca el vínculo familiar; y problemas en la líneas telefónicas para la comunicación con los internos.

“Parece ser que no hay muchos organismos de derechos humanos en el estado que den voz a los familiares que hoy aquí están. Los organismos públicos con los que cuenta el estado no son suficientes para proteger los derechos humanos y la administración pasada generó una estela de impunidad (…) e irresponsabilidad en el que la tortura se perpetuó y hay casos que tienen 20 años denunciando la tortura y la falsificación de evidencias y no se les ha escuchado”, dijo.

Invitó a los familiares de personas privadas de su libertad a que cuando identifiquen algún tipo de violación a los derechos humanos de los internos formalicen su denuncia a la Fiscalía y también ingresen una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y una solicitud de intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel local.

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