La Fiscalía General del Estado firmó un convenio de colaboración con los 18 municipios para que las medidas de protección, principalmente a las niñas, las adolescentes y las mujeres víctimas de violencia de género, tengan mayor eficacia
Con el objetivo de establecer los lineamientos de coordinación para la notificación en tiempo real y la atención a las medidas de protección en favor de ofendidos, víctimas y personas que intervienen en el proceso penal, durante la 2da Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo firmó un convenio de colaboración con las y los 18 presidentes municipales, el Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro (CIAS-CQ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Como parte del Acuerdo Cuarto, se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad la firma de este convenio de colaboración, para que las medidas de protección, principalmente a la niñas, adolescente y mujeres víctimas de violencia de género, tenga una mayor eficacia con la participación conjunta de todas las corporaciones policiales. De acuerdo con lo que informó la Fiscalía, con el acuerdo, buscan garantiza el derecho humano de acceso a la justicia.
Según las autoridades estatales, con este ordenamiento legal y a través del Sistema Informático Único (SIU), se materializa la coordinación entre la Fiscalía General y las autoridades de seguridad en el estado y los 18 municipios, pues desde el 23 de mayo de este año, esta institución de procuración de justicia emite medidas de protección de manera electrónica.
Asimismo, externaron que otorgan medidas de protección para que la persona víctima u ofendida esté en posibilidad de continuar desarrollando sus actividades personales y laborales de manera regular y si necesita ayuda, puede comunicarse al 911 y ser atendida en lo inmediato por cualquier corporación de seguridad.
Finalmente, la Fiscalía reiteró que con estas acciones y la aplicación de tecnología fortalece las capacidades y mejora los servicios de atención de las instituciones, para garantizar la protección a las víctimas y su derecho humano de acceso a la justicia.
