La Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro sostuvo que no hay motivos para confiar en la empresa MóvilQro Bus, que agrupa a los concesionarios del sistema de transporte público metropolitano
Luego de que el Instituto Queretano del Transporte (IQT) confirmara que los concesionarios no han cumplido con las mejoras en el servicio, la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro afirmó que la empresa MóvilQro Bus ha demostrado su “inoperancia”.
“No tenemos motivos para confiar en la concesionaria, desde antes había desconfianza, pero ahora esta evaluación muestra su falta de solvencia moral. Depositar confianza, recursos o responsabilidades a un ente insolvente es condenarnos a más fracasos”, puntualizó la activista Mariana Covarrubias.
Asimismo, aseguró que dicha compañía ha evidenciado que “no tiene las capacidades administrativas para controlar su desempeño o que no le importó hacerlo”, ya que ha incumplido con el acuerdo para mejorar las condiciones de los autobuses y aumentar las frecuencias de las rutas.
“No pueden quedarse al margen de la evaluación, los siniestros viales que son rutina en las operaciones de MóvilQro Bus: colisiones entre unidades, contra autos estacionados, carros de tamales, choques contra postes, guarniciones y escuelas”, agregó.
Frente a esta realidad, la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro propuso replantear el sistema de transporte colectivo como un servicio público, mediante el cual se garantice el acceso al derecho a la ciudad y el derecho constitucional a la movilidad.
“Despedirnos de la visión de la concesión como negocio. Se necesita replantear la administración y el financiamiento, contemplarse desde la planeación urbana, considerando que el transporte público a toda la ciudad, y no solo a las personas usuarias”, resaltó Mariana Covarrubias
Además, planteó incorporar criterios de inclusión, igualdad, accesibilidad universal, perspectiva de género e intermodalidad; así como asegurar un trabajo justo y bien remunerado a las personas operadoras de unidades de transporte público.
“Estructurar una transición cuidadosa. Sensible a las personas usuarias, pero también a los intereses legítimos de los actores involucrados. Este proceso debe ser claro y transparente hacia la ciudadanía”, añadió.
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