La CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad para invalidar las reformas a los artículos 60, 61 Bis, 155 y 183 Bis del “Código penal del estado de Querétaro”, ya que violentan el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad
En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la validez de las reformas a los artículos 60, 61 Bis, segundo párrafo, 155 y 183 Bis, fracciones uno, dos, tres y cuatro del “Código penal del estado de Querétaro”, a raíz de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo constitucional autónomo argumentó que los cambios a los artículos 60 y 61 Bis violentan el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que, aseguró, los congresos locales no tienen facultades para legislar sobre aseguramiento y decomiso de bienes relacionados con un hecho delictivo.
“Ya que en términos del artículo 73, fracción 21, inciso c, de la ‘Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos’, solamente corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación única en materia procedimental penal”, detalló.
Dichos artículos del Código penal establecen que aquellos bienes decomisados “serán entregados a las instancias de la entidad”.
Así mismo, la CNDH sostuvo que los artículos 155 y 183 Bis, fracciones uno, dos, tres y cuatro vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en la vertiente de taxatividad.
“En virtud de que establecen delitos configurados de forma ambigua, amplia e imprecisa que causa incertidumbre a los destinatarios de las normas, pues no les permite tener claro cuál es la conducta prohibida y el ámbito de prohibición del tipo penal”, explicó.
Mientras el artículo 155 tipifica el delito de amenazas, el 183 Bis establece las penas por el ilícito de robo de vehículos y autopartes.
Al respecto, el diputado local de Querétaro Independiente, Manuel Pozo Cabrera, consideró que la 60 Legislatura actuó con la intención de proteger a las víctimas, garantizar la reparación del daño e inhibir la comisión de delitos.
“El trabajo del legislador es perfectible y estaremos atendiendo a la resolución en su momento para tomar acciones”, declaró el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local.
