La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, confirmó que las empresas de seguridad privada forman parte del sector que menos acude al Centro de Conciliación Laboral del estado de Querétaro
Tras referir que 20 por ciento de los asuntos que llegan al Centro de Conciliación Laboral del estado de Querétaro (CCLQ) terminan en instancias judiciales de manera principal porque la parte patronal no acude a la cita, la secretaria del Trabajo en el estado, Liliana San Martín Castillo, confirmó que las empresas de seguridad privada forman parte del sector que de manera recurrente no asiste.
La funcionaria explicó que no existe una sanción para el patrón cuando no acude a la cita; sin embargo, indicó que ante la inasistencia, se otorga al trabajador una constancia de no conciliación que permite que inicie el proceso en los juzgados laborales. Subrayó que ante la reincidencia por parte del patrón o la empresa establecen contacto con el gremio al que pertenece.
“Lo que hemos trabajado mucho con las cámaras empresariales, que son muy receptivas, es precisamente esto, de que antaño estaban acostumbrados al anterior procedimiento, donde la conciliación era un esquema voluntario; hoy, insisto, forma parte de un procedimiento”, apuntó.
El artículo 684-B de la “Ley federal del trabajo” señala: “Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta ley”.
“Hay que hacer todavía un tema de mucha difusión en que consiste esta nueva reforma laboral. Cuando una persona citada o un empleador no acude, se priva de una parte trascendente de lo que hoy es el procedimiento (…), hay que recordar que el tema de conciliar no es alternativo, forma parte del procedimiento”, enfatizó Liliana San Martín.
El 11 de julio, el gobierno estatal informó que CCLQ había firmado 88 por ciento de sus convenios en un tiempo promedio de 25 días, lo que representa poco más de la mitad del plazo máximo que señala la ley, el cual refiere 45 días naturales, de acuerdo con cifras de noviembre del 2021 a junio del 2022.
