La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa, calificó como “inadecuada” la reforma constitucional que amplió los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
Previo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre la validez de la prisión preventiva oficiosa, la magistrada Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, admitió que existe un abuso en la aplicación de dicha figura jurídica.
“La reforma constitucional que se realiza por el Congreso de la Unión al artículo 19, que amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa es lo que está mal, es lo que fue inadecuado. La prisión preventiva ha existido siempre y va a seguir existiendo, no significa que se vaya a eliminar; el problema es que hay un abuso porque se está permitiendo desde la Constitución por una reforma que amplía los delitos”, señaló.
A partir de este jueves 25 de agosto, los 11 ministros integrantes del pleno de la SCJN analizarán si la prisión preventiva oficiosa es compatible con los tratados internacionales firmados y ratificados por México, en materia de derechos humanos.
Desde 2019, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los jueces a dictar esta medida en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga, robo de combustible, desaparición forzada, delitos cometidos con armas de fuego y explosivos e ilícitos contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
“El gran problema viene cuando se adicionan estos delitos y entonces volvemos a un sistema tradicional, en donde otra vez tenemos un catálogo muy amplio de delitos, en donde ya es impositiva la prisión preventiva. Y lo que se busca no es que desaparezca, sino que las partes argumenten ante los jueces la necesidad de que una persona enfrente su procedimiento privada de la libertad”, agregó la titular del Poder Judicial de la entidad federativa.
