El Congreso Local de Querétaro avaló –por unanimidad– reformas al Código Penal de la entidad federativa para aumentar las penas por feminicidio en caso de que las víctimas sean niñas, adolescentes y mujeres con alguna discapacidad
Por unanimidad, el pleno del Congreso Local aprobó reformas al artículo 126 Bis del Código Penal del Estado de Querétaro para que los responsables de feminicidio sean castigados hasta con 66 años de prisión, en caso de que las víctimas sean niñas, adolescentes o mujeres con discapacidad.
La llamada “Ley Victoria” fue propuesta –en agosto pasado– por las legisladoras locales del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Angélica Dorantes Castillo y Liz Selene Salazar Pérez, como respuesta a la muerte de la niña Victoria Guadalupe, quien fue privada de la vida por un hombre originario del estado de Oaxaca en abril pasado en el municipio de El Marqués.
“Con esta reforma a la ley sustantiva penal, se busca que marquemos un precedente en la administración, procuración e impartición de justicia; ahora los jueces en materia penal del Poder Judicial del Estado de Querétaro contarán con una herramienta jurídica, esto quiere decir que la ley les va a permitir sentencias con una mayor pena, es decir, de hasta 66 años de prisión a quienes priven de la vida a las mujeres por razones de género. Esta reforma es una necesidad en la búsqueda de la protección de nuestras niñas, adolescentes y mujeres con alguna discapacidad”, enfatizó Salazar Pérez.
Asimismo, los 25 diputados locales avalaron modificar los artículos 126 Bis y 167 Bis de dicho ordenamiento legal para agravar las penas por los delitos de feminicidio y acoso sexual, cuando los responsables sean conductores de transporte escolar, de transporte público de pasajeros o de transporte privado contratado a través de aplicaciones digitales.
Además, el pleno de la 60 Legislatura aprobó el establecimiento de la Justicia en Línea mediante el Tribunal Virtual y la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro.
El Congreso Local autorizó la enajenación de inmuebles para la Fiscalía General del Estado de Querétaro en los municipios de El Marqués, Amealco de Bonfil, Querétaro, San Juan del Río, Ezequiel Montes y Pedro Escobedo.
