Tras los amparos que ingresaron en contra de la “Ley de aguas”, integrantes de diferentes organizaciones sociales piden que el Poder Judicial de la Federación y el Congreso local reconozcan la “seguridad legislativa” como un derecho humano
Tras los amparos que ingresaron en contra de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado, integrantes de diferentes organizaciones sociales piden que el Poder Judicial de la Federación y el Congreso local reconozcan la “seguridad legislativa” como un derecho humano.
“Después del estudio técnico que se realizó a la demanda de amparo se detectó la existencia de un derecho humano nuevo, el cual se le demanda al Poder Judicial de la Federación lo incorpore y lo reconozca; es el derecho a la seguridad legislativa, análogo al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en el cual todas las autoridades tienen la obligación de fundar y motivar sus actos”, refirieron.
Ya que no procedió la acción de inconstitucionalidad, precisaron que el objetivo de los amparos es analizar y señalar las faltas y omisiones que aseguraron se cometen a través de dicha ley.
Precisaron que son cerca de ocho amparos los que se presentaron y se encuentran en el juzgado segundo y cuarto de distrito; sin embargo, señalaron que no se han llevado a cabo las audiencias correspondientes.
“Se intentó primero la vía de inconstitucionalidad (…) vía las comisiones de derechos humanos, ni la estatal ni la federal quisieron tomar el tema en sus manos; entonces, por esa razón, nos dejaron la vía legalmente hablando de los amparos”, indicaron.
Al ser cuestionados sobre si los ciudadanos todavía pueden ampararse en contra de la ley que se aprobó la 60 Legislatura del estado el 19 de mayo de este año, explicaron: “El plazo ya está expirado; sin embargo, se puede volver a intentar el amparo después de los actos de aplicación pero el ciudadano tendría que tener el conocimiento de a qué persona en específico se le otorgó la concesión y de ahí empieza a correr el plazo de 15 días para interponer la demanda”.
Estuvieron en la rueda de prensa los activistas y defensores de derechos humanos: Claudia Romero, Teresa Roldán, César Pérez, Lorena Trueba y Alberto Sosa.
