En el caso de los establecimientos que forman parte del sector terciario en el estado, la inversión en materia de seguridad representa un costo fijo de entre 5 y 6% confirmó Fabián Camacho Arredondo, presidente de la Canaco Querétaro
En el caso de los establecimientos que forman parte del sector terciario en el estado, la inversión en materia de seguridad representa un costo fijo de entre cinco y seis por ciento, confirmó Fabián Camacho Arredondo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Querétaro.
A través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, durante 2021, las empresas del estado destinaron en promedio 64 mil 593 pesos en medidas de protección y seguridad contra el delito, ante lo cual el líder empresarial detalló que la seguridad en los comercios del sector incluye el aspecto patrimonial, cibernético y de personal.
En este sentido, Camacho Arredondo subrayó que los negocios y establecimientos afiliados a la Canaco en la entidad, en particular los que se encuentran instalados en la Zona Metropolitana, desarrollan sus actividades en un ejercicio de coordinación con las instituciones públicas y corporaciones policiacas, quienes son receptoras de los reportes por la comisión de los delitos que se lleguen a presentar.
Asimismo refirió que la cámara tiene vinculación con la Unión de Empresas de Seguridad Privada, lo que, dijo, permite que los socios cuenten con una consultoría profesional con costos “eficientes”.
“La seguridad es un concepto que se considera como un costo fijo en la mayoría de las inversiones, emprendimiento o negocios tradicionales, lo que normalmente se tiene en consideración es que los costos fijos a seguridad van en un cinco y un seis por ciento de lo que representa el 100 por ciento de los costos”.
En otro tema, el presidente de Canaco en el estado señaló que es “favorable”, y celebró, que la Cámara de Diputados federal haya aprobado una reforma constitucional para prohibir la discriminación en el mercado laboral de las personas adultas mayores por medio de la eliminación de los límites de edad en la contratación. Destacó que el sector comercio, servicios y turismo es el que “más emplea” a dicho segmento de la población, de manera principal en el área de atención a clientes o “frente a mostrador”.
