El paro que detonó a raíz de la presunta omisión al seguimiento de una denuncia por acoso en la UAQ “es un tema muy interno de la propia UAQ”, declaró Liz Selene Salazar Pérez, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Congreso estatal
El paro que el pasado viernes detonó a raíz de la presunta omisión al seguimiento de una denuncia por acoso en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) “es un tema muy interno de la propia UAQ”, declaró Liz Selene Salazar Pérez, presidenta de la Comisión de Gobernación y presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Congreso estatal.
“Confío en que se lleve a cabo un proceso en que las autoridades competentes desahoguen este tema entre los afectados y la misma institución”, añadió la legisladora panista.
Por su parte, la diputada morenista Laura Andrea Tovar Saavedra argumentó que la actual Legislatura “ha hecho esfuerzos por aprobar iniciativas que tiendan a erradicar la violencia contra las mujeres”, aunque por otro lado reconoció que hay “iniciativas pendientes en materia de acoso que se podrían analizar para agregar el tema de acoso sexual”.
Ambas legisladoras coincidieron en que la violencia de género en Querétaro “es un área de oportunidad de trabajo legislativo” que se estará poniendo sobre la mesa, “siempre en favor de mejorar y fortalecer la calidad de vida y la seguridad de las mujeres en Querétaro”, dijo Tovar.
Respecto al trabajo de la Legislatura en torno a la situación en la UAQ y las denuncias por acoso, la diputada Ana Paola Pérez Birlain se dijo “respetuosa de la autonomía universitaria”, puntualizando que “ellos serán quienes decidan los protocolos de actuación”.
“Lo que nosotros tenemos que garantizar es que esas situaciones se eviten y se erradiquen en nuestro estado”, refirió en este sentido, y remarcó la existencia de mecanismos legales “para que cualquier persona pueda presentar una denuncia ante la Fiscalía y lleve el proceso que llevaría cualquier víctima”.
“Lo que nos corresponde como Comisión de Educación”, indicó, “es generar los lineamientos, los mecanismos y las condiciones integrales que se requieran para prevenir, atender, erradicar y sancionar cualquier tipo o acto de violencia en un plantel educativo de todos los niveles”.
