El diputado reconoció que la JUCOPO no tiene una postura “firme” sobre si este tipo de prácticas deben prohibirse o no en la entidad
El diputado local, Guillermo Vega Guerrero, confirmó que el Poder Legislativo del estado de Querétaro fue notificado por parte de un juzgado de distrito sobre una demanda de amparo que presentaron grupos animalistas en contra de la práctica de corridas de toros y peleas de gallos en la entidad.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso Local precisó que la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la 60 Legislatura del estado está dando trámite al procedimiento jurídico.
“Honestamente hasta este momento no tengo una actualización de en qué etapa vamos, solo me enteré de que llegó el proceso judicial señalando efectivamente este tipo de prácticas como corridas de toros, peleas de gallos y algunas otras más”, apuntó.
El diputado reconoció que la JUCOPO no tiene una postura “firme” sobre si este tipo de prácticas deben prohibirse o no en la entidad; sin embargo, reconoció que, hoy en día, las nuevas generaciones tienen definido su rechazo. Ante la notificación de la demanda, reconoció que el Poder Legislativo tendrá que tomar un posicionamiento.
“Estos asuntos los vemos que han ido progresando a nivel mundial (…) las prohibiciones, son temas que desde luego la sociedad está muy atenta a ellos. De las generaciones de los jóvenes hay de manera prioritaria ya un rechazo hacía estas prácticas. Son, digamos, las generaciones ya más maduras o mayores quienes todavía avalan esto”.
Recordó que las posturas en contra de dichas prácticas refieren el respeto y protección de los animales, pero las opiniones a favor señalan que las corridas de toros generan fuentes de empleo; por ejemplo, para el mantenimiento de las áreas en dónde se crían los toros.
El pasado 19 de diciembre, integrantes de AnimaNaturalis en México, CAS Internacional y del despacho Va por sus Derechos informaron que denunciarían ante la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios de cinco gobiernos municipales del estado por proporcionar a la autoridad judicial información falsa en relación con reglamentos que permiten la autorización de corridas de toros.
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