Mariela Ponce Villa puntualizó que solo la FGE podría modificar la acusación en contra del médico anestesiólogo que fue detenido y vinculado a proceso por “lesiones dolosas y responsabilidad profesional”
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Estado de Querétaro, Mariela Ponce Villa, puntualizó que solo la Fiscalía General del Estado (FGE) podría modificar la acusación en contra del médico anestesiólogo que fue detenido y vinculado a proceso por “lesiones dolosas y responsabilidad profesional” en contra de un menor durante una intervención quirúrgica en un centro médico ubicado en Juriquilla, municipio de Querétaro.
“Eso solamente está en manos de la Fiscalía que es el órgano autónomo que presenta imputación y solicitud de vinculación a proceso de acuerdo a los datos que aporte su carpeta de investigación”, dijo.
La magistrada indicó que en la audiencia inicial los abogados del imputado pidieron “duplicidad”; es decir, un plazo de 144 horas para preparar la defensa legal del médico. Sobre el caso, recordó que todavía continúa abierta la investigación por un plazo de tres meses.
“Es un caso que ya teníamos radicado, se llevó a cabo la audiencia inicial e, incluso, se pidió duplicidad en término constitucional y se reanudó si no mal no recuerdo el miércoles o jueves de la semana pasada. El resultado fue de vinculación a proceso y tres meses de investigación complementaria”, indicó.
Este fin de semana, el vicepresidente del Colegio Médico de Querétaro, Rodrigo Miguel González Sánchez, aseveró que debe juzgarse por delito culposo y no doloso al médico que fue detenido por la Fiscalía; esto aunque reconoció que el menor de siete años sufrió daño cerebral al ser sometido a una circuncisión.
“Consideramos que la Fiscalía es un poco prematuro que anuncie esta situación que apenas se va a procesar. Ya lo están criminalizando, no es un delito doloso”, declaró.
Este lunes, se dio a conocer que se llevará a cabo este martes 17 de enero a las 10:00 horas una manifestación pacífica en Palacio de Gobierno del estado para exigir que el anestesiólogo imputado salga de prisión, así como para exigir que el juez de control que lleva el caso sea excluido del asunto y que el acto médico no se “criminalice”.
