En Sesión de Pleno del congreso local, este miércoles fue aprobada la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro para prohibir los castigos corporales y castigos humillantes.
Al respecto, la diputada Mariela Morán Ocampo aclaró que la iniciativa no está pensada en función de sanciones, sino en promover la crianza positiva.
“No pensar tanto en las sanciones, sino en lo que sí deben hacer los padres, tutores y cuidadores. Lo que necesitamos hacer es que esta iniciativa la conozcan en el último rincón de nuestro estado y que los niños sepan que está prohibido el castigo corporal y humillante”.
Mencionó que, a partir de esta aprobación, comenzarán con mesas de trabajo a nivel regional para sensibilizar a la población sobre este tema.
“Este es el primer paso, tenemos que empezar una serie de mesas regionales, porque no es lo mismo el sensibilizar a la gente que vive en la zona metropolitana, a la gente que está en la zona serrana”.
Durante la sesión, se designó a Raúl Manríquez Huerta como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); Alejandra Pérez Uribe como titular del Órgano Interno de Control de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) y a César Manuel Segura Tirado como consejero representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura.
También se aprobó que el Instituto de Estudios Constitucionales del estado de Querétaro, se convierta en centro público de investigación y opere como un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión.
Asimismo, se aprobó el decreto por el que se declara el 19 de marzo de cada año, como el “Día Estatal de las personas profesionales y trabajadoras de la salud, que perdieron la vida en el cumplimiento de su labor, durante la pandemia de Covid-19”.
Además, aprobaron un exhorto a los municipios para que implementen protocolos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política de género en sus administraciones.
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