Solo falta obtener acuerdo sobre un artículo de la Ley Orgánica de la UAQ

La rectora puntualizó que, con el análisis del anteproyecto de la Ley Orgánica, buscan que no se generen afectaciones para el gobierno estatal

Dentro de la revisión que realizan en conjunto con la Secretaría de Gobierno estatal en relación con la Ley Orgánica de la institución, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, confirmó que el único artículo que resta para que ambas partes lleguen a un acuerdo es el 38, el cual tiene que ver con el pago de impuesto predial y traslado de dominio a los municipios, así como los derechos por el pago del agua.

Tras salir de una reunión con el gobernador Mauricio Kuri González en Palacio de Gobierno, la rectora puntualizó que buscan, con la Secretaría de Gobierno, encontrar la manera de armonizar “la necesidad” que tiene la universidad de que se conserven los beneficios; sin embargo, puntualizó que no pretenden que se genere alguna afectación para el gobierno estatal.

García Gasca reconoció que la UAQ no podría solventar esos compromisos, sin la aprobación del citado artículo; ya que -confirmó- tan solo por los inmuebles y predios de la universidad que se encuentran en el municipio de Querétaro tendrían que pagar 30 millones de pesos.

“Estamos buscando la forma que tengamos aportaciones en especie y que tengamos pagos en moneda con tarifa especial para la UAQ”, dijo.

Indicó que es probable que las áreas jurídicas de la UAQ y de la Secretaría de Gobierno del estado se reúnan después de su informe de actividades, que se llevará a cabo el próximo 23 de febrero.

El anteproyecto de Ley Orgánica de la UAQ fue aprobado el 18 de agosto del 2022 por parte del Consejo Universitario; sin embargo, resta su remisión al congreso local.

El artículo 38 señala: “Tratándose del servicio de agua, siendo ésta un recurso no renovable indispensable para la vida, la retribución que haga la Universidad al organismo operador correspondiente, en razón del uso del servicio, se regirá por una tarifa preferencial y será complementada en una porción mayoritaria por los servicios y acciones que preste la Universidad a favor del Estado, municipios o entidades, misma que se regulará por los acuerdos que se tomen entre la Universidad y los organismos correspondientes”.

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