El respeto al orden constitucional es fundamental en la discusión sobre el plan B de la reforma electoral, que será analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró el exgobernador del estado de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer, durante la presentación del libro “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro“, por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizada en el Teatro de la República.
Consideró que el Alto Tribunal debe ser garante de la Constitución y resaltó que tiene el poder supremo de revertir los principios contrarios a esta.
“La Corte debe ser garante de la Constitución, el compromiso de todos los servidores públicos es el cumplimiento de la Constitución, pero la Corte tiene el deber supremo de que las diferencias entre poderes, las asignaciones de competencia o los principios administrativos contrarios a la Constitución los reconvenga y es por eso que es al tribunal constitucional que hay que apoyar y respetar”.
Añadió que conocer el orden jurídico es comprometerse a su cumplimiento, con respeto a la dignidad humana.
“Por eso quise hacer énfasis en el tema de derechos humanos, porque lo más importante es el respeto a la dignidad humana, la no descalificación, la tolerancia, el diálogo respetuoso”, agregó sobre el análisis del plan B.
Sobre el libro coordinado por María Pérez Cepeda, Carlos Rubén Eguiarte Méndez, Greco Rosas Méndez y Rogelio Flores Pantoja; Palacios Alcocer refirió que este logra un doble objetivo: clarifica la competencia de los poderes constituidos y contribuye a la cultura del respeto, la cual, dijo, es urgente en el país.
“Este trabajo identifica las funciones de los organismos constitucionales autónomos y de los tribunales administrativos, reivindica la importancia de la institución municipal y precisa el ámbito de responsabilidad de los servidores públicos”.
Dijo que la Constitución de Querétaro es de las más abiertas en cuanto a los entes legitimados para iniciar leyes o decretos; además de que asume la obligación de que las reformas constitucionales tengan la consulta obligada y la invitación a los ayuntamientos.
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