Absueltos, cuatro funcionarios investigados por 5M: Contralor

El titular de la Secretaría de la Contraloría reiteró que se comprobó que el día de los hechos los funcionarios procedieron correctamente

A casi un año de los hechos de violencia que se registraron en el estadio La Corregidora el cinco de marzo (5M) del 2022, el titular de la Secretaría de la Contraloría del estado, Óscar García González, refirió que cuatro funcionarios públicos que fueron sujetos a investigación para determinar si tuvieron alguna responsabilidad en los hechos, resultaron absueltos.

El contralor puntualizó que la dependencia a su cargo corroboró en las bitácoras por escrito y de audio que los servidores públicos -con injerencia en el operativo de seguridad y protección civil que se desplegó el día del partido al exterior del estado- dieron aviso a las instancias correspondientes en el momento en que se suscitaron los hechos.

“No hubo una responsabilidad de los servidores públicos en ese momento, en el sentido de cómo detener esa situación. Se llamaron a los cuerpos de seguridad, se llamó a las áreas de paramédicos, se llamó a todo el equipo de fuerza de policía para que intervinieran y lograrán detener; pero lo sucedido fue más una falla de organización, que de los propios servidores públicos”. Los cuatro están absueltos. Nosotros ya acabamos nuestra investigación. Nos demuestran que lo que ellos hicieron era lo correcto”, dijo.

García González confirmó que la Secretaría de la Contraloría no inició investigaciones en contra de los ex titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Miguel Ángel Contreras Álvarez y Carlos Rodríguez Di Bella, respectivamente.

Recalcó que la respuesta al interior del estadio fue insuficiente por parte del servicio de seguridad privada y señaló que lo que sucedió al interior del recinto deportivo fue que la “gente se encendió” y cambió su actitud.

“Fue una falla propiamente de la empresa que tenía contratado el servicio de seguridad, dónde, en su momento, no tuvieron un control adecuado en la apertura de las puertas, en la vigilancia, en la seguridad privada que habían contratado, así como los canales de comunicación”, apuntó.

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