Activistas y colectivas presentarán una propuesta para que deudores alimentarios, acosadores sexuales y agresores de género no puedan ocupar cargos públicos
Para que ningún deudor de pensión alimenticia, acosador sexual ni agresor por razones de género ocupe un cargo público en el estado de Querétaro, las integrantes de la Agenda Política Feminista “Nunca más sin nosotras”, Las Constituyentes MX, colectivas y activistas locales presentaron la iniciativa “La 3 de 3 vs la violencia en Querétaro ¡Va!”.
Confirmaron que, por la facultad que tienen para presentar iniciativas de ley, refirieron que, en los próximos días, presentarán el anteproyecto al gobernador Mauricio Kuri González; así como ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y a los diputados locales.
“Para esta iniciativa nos basamos en la propuesta 3 de 3 vs la violencia de las Constituyentes MX Feministas y adecuamos sus presupuestos generales a una propuesta local acorde a nuestro contexto. Retomamos que ningún deudor de pensión alimenticia, ningún acosador sexual y ningún agresor por razones de género debe ocupar un cargo público”, señalaron.
Carmen Consolación González Loyola Pérez, integrante de la Agenda Política Feminista “Nunca más sin nosotras”, puntualizó que esperan que, antes de que inicie el próximo proceso electoral, la normatividad local se armonice con la legislación federal 3 de 3 contra la violencia de género.
“Ya a nivel nacional se está previendo como un principio constitucional. Lo cual significa que existe la obligación de la legislación local de armonizar estas leyes con esa disposición constitucional. Se trata de una reforma integral que requiere la armonización en varias leyes, se requiere en materia familiar, se requiere también en administración de justicia (…)”, dijo.
Asimismo, puntualizó que, por el principio de presunción de inocencia, solo con sentencia firme se podría acreditar que una persona es deudor alimentario, acosador o agresor. Enfatizó que también es necesario que en el estado exista un registro estatal de obligaciones alimentarias en lo que se “formaliza” el registro nacional que aprobó el Senado de la República.
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