Fiscalía Anticorrupción obtuvo condenas para 16 exfuncionarios

El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Benjamín Vargas Salazar, rindió su informe ante el Congreso Local. Foto: Especial

El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Benjamín Vargas Salazar, detalló que fueron dictadas sentencias condenatorias por lavado de dinero, peculado, ejercicio indebido del servicio público y cohecho

Durante 2022 se obtuvieron sentencias condenatorias para 16 personas que se desempeñaban como servidores públicos en la entidad, afirmó Benjamín Vargas Salazar, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Querétaro.

Durante la presentación de su sexto informe de actividades y resultados ante el pleno del Congreso Local, el titular del organismo detalló que las sentencias condenatorias fueron por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y negociaciones ilícitas, ejercicio indebido del servicio público y cohecho.

Precisó que las sentencias más relevantes corresponden a servidores públicos municipales que ocuparon cargos en los periodos 2009-2015; 2015-2018 y 2018 y 2021.

Detalló que los cargos públicos de las personas sentenciadas en 2022 van desde presidentes municipales, secretarios de Administración, Servicios Públicos, Protección Civil y Finanzas.

Así como un funcionario de la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro sentenciado por el delito de peculado.

“Las sentencias condenatorias constituyen 62 años de prisión, 50 años de inhabilitación, la respectiva suspensión de derechos civiles y políticos. Estas sanciones son el reflejo de la convicción con la que hacemos nuestro trabajo, en el que se busca que los responsables no dañen a las instituciones ni a la sociedad”, aseveró el titular de la Fiscalía Anticorrupción.

Vargas Salazar precisó que la labor de investigación especializada permitió que se judicializaran 25 carpetas de investigación, lo que representó un 78 por ciento más que el año anterior; resaltó que en el mismo periodo se vinculó a proceso penal a 44 personas.

“Poder obtener datos de prueba pertinentes e idóneos en cada uno de los asuntos tramitados, así como la calidad de litigación de quien ejerce la función de fiscal, permitió que la autoridad judicial vincular a proceso a 44 personas; esta cantidad supera en más del 140 por ciento a los vinculados del año anterior”, señaló.