No existe ningún tipo de seguridad para quienes buscan a personas desaparecidas a nivel estatal ni nacional, denunció Brenda Rangel Ortiz, activista de derechos humanos y fundadora de Desaparecidos Justicia A.C.
“No hay apertura por parte de ninguna de las instancias que se encargan de velar y resolver el tema de justicia sobre los desaparecidos, pero también en el tema de búsqueda. Entonces estamos indefensos por cualquiera de las partes que quieras verlo”, señaló.
Luego de que este martes, una madre buscadora fue asesinada en Celaya, Guanajuato; la activista indicó que, en la actualidad, Desaparecidos Justicia A.C., como asociación, se encuentra integrada por 48 familias; sin embargo, no se ha permitido que se agrupen más, por los protocolos de seguridad y los cuidados que tienen de manera interna.
“Sin embargo, tenemos ayudando a más de 250 familias. Las 48 familias, estamos continuamente trabajando a nivel nacional, a nivel estatal, que revisamos las carpetas y que estamos de lleno completamente con ellos”, dijo.
Refirió que Desaparecidos Justicia A.C tiene reporte de la desaparición de 714 personas en el estado. Aseveró que por parte de las instituciones en el estado debe existir empatía, responsabilidad humana y calidad en la atención de los familiares de personas desaparecidas.
“Se sigue revictimizando, se sigue canalizando; y se sigue declinando por incompetencia, se sigue mandando todo a otros estados, cuando la realidad inició en Querétaro, cuando porque el teléfono lo encuentran en Guanajuato ya dicen ¡ah, bueno, ya no es!”, aseveró.
Al igual, subrayó que debe realizarse una auditoría del ejercicio de recursos públicos en años anteriores en la Comisión Local de Búsqueda de Personal de Querétaro.
“Existe un presupuesto, desafortunadamente no lo utilizan. Tendríamos, desde ahí, a empezar a pedir una auditoría para ver en qué se han gastado, porque no es que se lo gastaron en plumas, en papel (…) o para sueldos”, agregó.
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