En diferentes dependencias federales, los manifestantes externaron su inconformidad y denunciaron que el decreto es ilegal
Desde las 10:00 horas de este lunes, dos grupos de ejidatarios se manifestaron a la afueras de las delegaciones en Querétaro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la Procuraduría Agraria; esto, luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la declaratoria de Peña Colorada como Área Natural Protegida.
Los ejidatarios pidieron a la delegada de la Semarnat en Querétaro, Paloma Arce Islas, que se “eche para atrás” el decreto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pues denunciaron que, como propietarios de tierras, nunca fueron consideradas sus inquietudes.
José Tomas Juan Molina Molina, uno de los ejidatarios de San Vicente Ferrer, aseguró que como propietarios han conservado la tierra desde hace más de 80 años, sin necesidad de una declaratoria.
Denunció que el apoyo de cinco mil pesos anuales que les ofrece el gobierno estatal no es suficiente para la manutención de sus familias. Tras afirmar que detrás del decreto existen intereses de empresas desarrolladoras, enfatizó que el reglamento de la declaratoria restringirá las actividades agrícolas que realizan como campesinos en parte de las cinco mil hectáreas que comprende el polígono, entre ellas, la siembra de maíz, frijol y calabaza.
Arce Islas ofreció a los quejosos una reunión para el próximo miércoles con el titular de la Conanp, Adán Peña Fuentes; sin embargo, los ejidatarios exigieron el encuentro este mismo lunes e impidieron el ingreso y la salida en la entrada principal de la delegación federal.
En la Procuraduría Agraria, los ejidatarios puntualizaron que ingresarán amparos indirectos en contra de la declaratoria, por ejido y de manera individual.
Una comisión de 10 ejidatarios ingresó a dialogar con el delegado del RAN en Querétaro. En el caso de la delegación de la Semarnat, los manifestantes entregaron un oficio en el que solicitaron que se les informe sobre el proceso que guarda la declaratoria, la cual calificaron en el documento de “ilegal”.
