La minuta tendrá que ser aprobada en 17 Congresos locales, para que entre en vigor la reforma constitucional sobre deudores alimentarios
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa de Jesús García Gasca, pidió a la Mesa Directiva del Congreso local, que dictamine la minuta de decreto de la Ley 3 de 3, una vez que sea enviada por el Congreso de la Unión al poder Legislativo del estado.
En un oficio remitido a la presidenta de la Mesa Directiva de la 60 Legislatura del estado de Querétaro, Graciela Juárez Montes, la rectora solicitó que, una vez recibida la “Minuta de decreto que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público”, sea turnada a la comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local.
“Una vez recibida turne a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen la aprobada por el Congreso de la Unión, en cumplimiento a los mandatos constitucionales y los instrumentos convencionales que protejan y garantizan los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y las mujeres”.
Solicitó que, una vez que sea dictaminada la minuta en la comisión, se convoque a sesión ordinaria a fin de que la Legislatura del Estado de Querétaro, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente; con la finalidad de que las fuerzas políticas voten por unanimidad la propuesta.
“Y estén a la altura de la demanda de la emergencia nacional sobre la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños; así como en reconocimiento al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de su contribución a la vida democrática del país”.
Finalmente, consideró que la minuta con carácter de decreto constitucional proviene de una iniciativa ciudadana como un replanteamiento en la dignificación de la política, por lo que pidió celeridad a esta reforma.
Cabe recordar que se requiere que 17 de los 32 congresos estatales aprueben la minuta a la reforma al artículo 38 constitucional, que impide cargos públicos a deudores alimentarios, etc.
